Autorizaciones de venta ambulante: adjudicación, duración, prórroga y transmisión

Cómo se adjudican los puestos

La regla general es la concurrencia competitiva. La Ley 7/1996 exige un procedimiento transparente e imparcial, con publicidad adecuada del inicio, el desarrollo y el final del proceso (art. 54), y el Real Decreto 199/2010 añade que los criterios deben ser claros, sencillos, objetivos y predecibles (art. 4).

Para presentar la solicitud basta una declaración responsable (art. 5 del Real Decreto 199/2010): cumplir los requisitos, tener la documentación que lo acredita y mantenerlos mientras dure la autorización. El mismo artículo prohíbe exigir residencia en el municipio para participar.

El modelo de ordenanza de la Diputació de Barcelona propone, como mínimo, estos criterios de valoración en las bases:

• productos que diversifiquen la oferta del mercado y su calidad;
• la estética del puesto;
• servicios como probador o pago con tarjeta o Bizum;
• productos de proximidad y ecológicos;
• formación acreditada relacionada con el sector;
• un criterio de desempate.

Ninguno de los criterios puede dar ventaja a quien deja el puesto ni a las personas vinculadas a él. El mismo modelo prevé una bolsa con los aspirantes no adjudicatarios, ordenada por puntuación, para cubrir las vacantes de los dos años siguientes; si hay empate entre interesados, se sortea.

Los detalles de las bases, los criterios y las vacantes están en la guía de la convocatoria de puestos.

Qué debe decir la autorización

Según el Real Decreto 199/2010 (art. 3.3), la autorización tiene que definir al menos el plazo de validez, los datos del titular, el lugar donde se puede vender, los horarios y fechas y los productos autorizados. El titular debe tenerla expuesta de forma visible junto con una dirección para reclamaciones (art. 3.5 y art. 55 de la Ley 7/1996).

El modelo de la Diputació de Barcelona amplía la lista: personas autorizadas a vender en el puesto (también por bajas o maternidad), dimensiones exactas del lugar y del puesto, condiciones que se valoraron en el concurso (datáfono, probador, productos ecológicos…) y la obligación de relacionarse electrónicamente con el ayuntamiento.

Duración y prórroga

La ley estatal no fija una cifra: la duración debe ser limitada y permitir amortizar la inversión y remunerar equitativamente el capital invertido. Cada comunidad y cada ordenanza la concretan. En Cataluña lo fija la propia ley: la Ley 18/2017 establece una duración mínima de quince años para los mercados de venta ambulante, prorrogable de forma expresa por periodos idénticos, y obliga al ayuntamiento a comunicar a los titulares la finalización y las posibles prórrogas (art. 15.5).

La prórroga nunca es automática. El mismo modelo recomienda avisar al titular de la finalización con al menos seis meses de antelación, permitir pedir la prórroga hasta dos meses antes y resolver en un máximo de dos meses; sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.

Transmisión de la autorización

El Real Decreto 199/2010 dice que la autorización es transmisible previa comunicación a la administración (art. 3.2). Las ordenanzas acotan los supuestos. En el modelo de la Diputació de Barcelona se admite la transmisión, por el tiempo que le quede a la autorización, en estos casos:

• cese voluntario en toda la actividad, si han pasado cinco años desde que se obtuvo (y quien transmite no puede volver a pedir puesto en ese mercado en cinco años);
• incapacidad u otras situaciones sobrevenidas debidamente acreditadas;
• cesión al cónyuge o pareja estable, o a un familiar hasta segundo grado;
• fallecimiento del titular.

Quien recibe la autorización debe acreditar que cumple los requisitos y estar al corriente de las tasas. Una transmisión que no siga el procedimiento es infracción grave en ese modelo.

El procedimiento paso a paso, con el derecho de tanteo del ayuntamiento, está en la guía del traspaso de puestos.

Cuándo se extingue

Por fin del plazo sin prórroga, renuncia por escrito, sanción firme o revocación por incumplir las condiciones, muerte o disolución de la sociedad (salvo transmisión), o cierre o reforma del mercado por interés público. La revocación se inicia de oficio, con audiencia al interesado; en el modelo de la Diputació de Barcelona el plazo para resolver es de tres meses.